Primera Parte. TEORÍA GENERAL DEL MOBBING O PRESIÓN LABORAL TENDENCIOSA 9.- EFECTOS 9.4.- Consecuencias de la presión laboral tendenciosa para la empresa y la sociedad
También la empresa sufre los efectos que se derivan del mobbing, ya que estos problemas llegan a afectar directamente a la productividad; así, la falta de comunicación en el seno productivo dificulta la transmisión y ejecución de las órdenes, se incrementa el absentismo dentro de la plantilla, hay una disminución en la calidad del trabajo, se apodera de la producción una falta de atención -más pendiente de lo que está pasando y que le puede pasar a uno, que de la pura actividad laboral-, y se deteriora en definitiva la calidad de vida de todos cuantos allí trabajan.(167) Pero además de la productividad, la empresa sufre otro perjuicio que cada vez se valora más, y este es la pérdida de imagen pública de la compañía cuando estos supuestos trascienden a los medios de comunicación; la imagen pública de una marca o de una empresa hoy día viene considerándose como un valor real, y este tipo de publicidad, minoran el mismo. Por otro lado el mobbing tiene para la sociedad un coste incalculable del que todavía no se ha tomado la debida conciencia (168). Dejando ahora a un lado los costes humanos, ya analizados, los costes económicos para la sociedad han empezado a cuantificarse. En Estados Unidos se ha estimado que los costes de mobbing provocan anualmente 1´8 millones de días de trabajo perdidos. En Alemania se ha estimado que los costes del hostigamiento laboral se elevan a 2.500 millones de marcos por año, y que el costo directo para una empresa de 1.000 obreros, es de 200.000 marcos por año, más otros 100.000 marcos de costes indirectos(169). Un estudio realizado por el National Safe Workplace Institute estimó que el coste para las empresas americanas de la violencia en el trabajo, se elevó en el año 1992 a 4.000 millones de dólares. En Canadá, el British Workers Compensation Board ha denunciado que los gastos hospitalarios de obreros, debido a violencia en el puesto de trabajo, ha aumentado un 88% desde 1985. En Suecia, y con la intención de proteger el presupuesto público de las cargas financieras derivadas de este problema laboral, a finales de 1993 se aprobó el Acta vocacional de rehabilitación (170), por la que se obliga a las empresas a presentar un plan de rehabilitación ante la Administración, tan pronto un trabajador cause baja por un tiempo superior a un mes, o diez veces dentro de un periodo de doce meses; con ello se pretende transferir los costes asistenciales al lugar del que provienen: la empresa. En España se ha comenzado a cuantificar el coste económico del mobbing, a partir de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. A este respecto puede citarse el análisis llevado a cabo por Ibermutuamur, quien investigó sobre 6.500 bajas de I.T., de las cuales se sospechó la concurrencia de mobbing en el 1´71 % de los casos. La duración media de los procesos de I.T. fue de 252 días, a los que habría que añadir otros 42 días por procesos previos, lo que -teniendo en cuenta la base reguladora de los afectados- daba un resultado de 9.110 € por cada incapacidad temporal derivada de mobbing. A su vez, estos datos trasladados al conjunto del país, arrojaba un resultado de más de 1.850.000 días perdidos y más de 52 millones de euros por año, gastados en la IT por mobbing (171). Finalmente, pero con especial interés en este sentido, debe ser ponderado el informe encargado por la Organización Internacional del Trabajo, a los profesores Helge Hoel, Kate Sparks y Cary L.Cooper (172), el cual cifra el coste global del estrés y la violencia en el trabajo, en un porcentaje entre el 1 y el 3´5% del Producto Interior Bruto de un país desarrollado (173). Quizás se podría terminar este apartado, retomando parcialmente a Toohey (174), en el sentido de que el coste que generan las víctimas del mobbing a la sociedad, sea el que sea, es desalentador, pero todavía lo es más que el coste se focalice en “estar enfermo” o en “no estar capacitado para competir en la vida laboral”, cuando se debería focalizar dicho coste en las empresas responsables, al ser ellas las causantes del daño producido a la sociedad, debiendo imputarse a ellas dicho coste social.

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